La brecha generacional: otro problema del sistema de pensiones.

El informe del Instituto Juan de Mariana viene no como una amenaza para nadie sino como la señalización de una situación que puede hacer mejor la situación de España, antes de que una fractura evidente y real se convierte en un problema definitivo.

La brecha generacional no es una cuestión de creación de guerra civilismo entre generaciones, porque es cierto que en muchos casos el desequilibrio se está teniendo que resolver a niveles de las familias con soluciones que en muchos casos se resuelve con la ayuda directa de padres a hijos y nietos para poder compensar un desequilibrio que en este caso con la solución interna no resuelve el fondo del problema: hacer que la tarta a repartir sea más grande para que la redistribución sea tan escasa como para perjudicad a unos a costa de otros.

Pero esto que se denuncia para mejorar la productividad y la eficiencia en un Estado en quiebra permanente supone renunciar a un paradigma de statu quo que no conviene políticamente.

Un debate complejo como el que se plantea no debería ser ignorado por la necesidad del mismo si queremos mejorar como país y realmente eliminar las desigualdades.

En España de una manera progresiva desde hace años viene acumulando unos desequilibrios de rentas y riquezas que han creado un paradigma sin precedentes en la historia. Esta situación deja a las generaciones más jóvenes, que fueron las que crecieron hasta ahora y hicieron crecer al país, en una situación de desventaja presente con respecto a sus mayores. Situación que no solo no mejora, sino que puede llegar a dejar en una situación totalmente desfavorable en el futuro.

No es una dinámica que aparezca como una posibilidad, sino que se puede constatar en las series estadísticas o informes elaborados por múltiples organismos e instituciones, y que cada vez se hace más mediática, en algunos casos proponiendo como una guerra entre generaciones. Y esa evidencia no es otra que una creciente desigualdad generacional que no solamente pone en entredicho la justicia del sistema actual, sino que también cuestiona la viabilidad futura del actual paradigma.

Lo necesario sería restablecer el equilibrio entre generaciones, evitando desfases que, como resulta evidente, están directamente ligados a un gasto excesivo en pensiones que golpea directamente a los trabajadores en activo a través de una “cuña fiscal” cada vez más alta.

Mientras, los políticos intentan mantenerse en el poder centrados en un falso relato de “desigualdad de clase”, mientras la realidad de los datos muestra que las diferencias económicas más significativas no son ricos-pobres sino la desigual capacidad económica de jóvenes y mayores.

En España nos estamos alejando de la normalidad de las economías avanzadas, si bien no considero que sea un caso excepcional en otros países de Europa, si bien declaradamente flagrante en nuestro país.

Cuando lo habitual es que los ingresos laborales alcancen su punto máximo en la mediana edad, cuando los trabajadores acumulan experiencia y productividad, mientras que los picos de riqueza tienden a concentrarse en edades más avanzadas, como resultado del ahorro acumulado a lo largo de la vida en España estamos asistiendo a un fenómeno atípico: una redistribución sostenida de ingresos y rentas que, lejos de corregir desigualdades, las profundiza.

El actual sistema fiscal, de transferencias y de pensiones ha favorecido de forma creciente a los mayores en detrimento de los jóvenes, hasta el punto de situar sus rentas disponibles en niveles iguales o superiores a los de los trabajadores de menos edad. Este proceso ha apuntalado una estructura de inequidad intergeneracional en la que los trabajadores más noveles parten con salarios más bajos y con menor acceso a la vivienda que las anteriores generaciones de su edad. Mientras tanto, su carga fiscal va a más, en términos comparados, apuntalando así el desequilibrio. 

No se trata de enfrentar generaciones, sino de reflexionar sobre las diferencias económicas que han emergido entre jóvenes y mayores como resultado de un sistema de pensiones cuya financiación descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las anteriores generaciones. Entender ahora es vital, puesto que, en caso contrario, la fractura será irreversible. Lamentablemente, la discusión económica sigue centrada en cómo repartir una tarta económica cada vez más pequeña, destinando las porciones más grandes a los grupos de mayor edad, y no en hacer crecer el tamaño total de la tarta, asegurando al mismo tiempo que los retornos del trabajo no se vean crecimiento recortados por el coste del sistema de pensiones. 

El problema no es solo la situación, sino que es una tendencia en la que los jóvenes cuenta cada año con más dificultades de acceso a vivienda, una carga fiscal cada vez mayor que propone crecer en el futuro y con un mercado laborar poco flexible. Mientras la riqueza de los mayores sigue distanciándose a su favor, que en el caso de los jubilados y pensionistas cuentan con la tasa de sustitución más elevada de nuestro entorno, del 80%.

De este modo la riqueza acumulada y los ritmos de acumulación en distintas etapas de la vida, son y han sido mejores en las personas que nacieron antes de los años 80ss, de modo que con la situación actual podremos estar orgullosos de que España sea un país de propietarios. Al menos de las viviendas en las que vivirán la gran mayoría.

La presente situación no es fruto del azar ni de la mera evolución demográfica, sino el resultado de decisiones políticas que se han acumulado a lo largo del tiempo. El sistema impositivo, la política de ayudas y transferencias públicas, el cerril intervencionismo del mercado de la vivienda y las malas decisiones de política económica han tenido el efecto de perjudicar sobremanera a los jóvenes, mientras que en el caso de los mayores se ha adoptado una agenda explícita de protección de sus rentas, como ilustra el hecho de que los partidos políticos rivalicen a menudo por exhibir un mejor desempeño en materia de subidas de las pensiones mientras prestan mucha menos atención a la situación económica de los jóvenes.

Está claro que el castigo fiscal que han sufrido los jóvenes va creciendo conforme las generaciones se acercan, y en casi ningún caso las contribuciones actuariales de los más antiguos compensan lo que reciben a día de hoy. Está claro que se está negando la posibilidad de futuro para estos jóvenes, que si son conscientes solo les queda opciones individuales, decisiones propias, que en muchos casos le llevan fuera del país.

Los ingresos que perciben los mayores de 65 años en España en un elevado importe, máximos de series históricas, proviene de las rentas del capital. Dicha mejora no se debe a una revitalización del empleo o del salario medio, sino al buen comportamiento de las rentas pasivas, perceptoras de como intereses, dividendos y, sobre todo, alquileres, así como al rol que juegan unas pensiones crecientes y blindadas. Un sistema que protege a los jubilados dejando en situación de fragilidad presente y futura a los jóvenes en edad activa que sufren crecientes cuñas fiscales generando una situación de pérdidas para ellos por beneficios de los mayores. En este caso una dinámica de “suma cero” que transfiere riqueza de unos a otros, todo a raíz de la intervención pública vía pensiones e impuestos e incapacidad de favorecer la productividad que haga crecer la tarta.

El principal o incluso única fuente de ingresos de los jóvenes son las rentas que obtienen a través del trabajo, siendo además España un país en el que los niveles de paro juvenil observados están muy por encima de la media europea. Nuestro país es, de hecho, el socio comunitario con un mayor nivel de jóvenes en situación de desempleo.

Abunda en todo ello la tasa de temporalidad y ya de manera general le bajo crecimiento relativo de los ingresos nacionales con respecto al resto de Europa. Con datos de la OCDE, mientras que en Irlanda los salarios reales han crecido un 66 por ciento desde 1994 (y en Portugal un 22 por ciento), en España apenas lo han hecho un 2,7 por ciento en treinta años, el segundo peor resultado de Europa tras Italia. En 1994, los sueldos medios españoles eran similares a los irlandeses; hoy, los trabajadores irlandeses cobran un 60 por ciento más y desde 1995 frente a un incremento nominal del 103,1 por ciento, los salarios han lidiado con un IPC acumulado del 102,8 por ciento. Estos datos, también de la OCDE, significan que, en esencia, los ingresos reales de los trabajadores españoles han permanecido prácticamente inalterados.

Además, solamente los hogares encabezados por personas mayores de 65 años han conseguido mantener e incluso aumentar su nivel de consumo en las dos últimas décadas. La conclusión es tan contundente como preocupante: la única cohorte que mantiene su capacidad de consumo en España es la de los jubilados y, al margen de dicho grupo, el resto de tramos de edad se empobrecen.

Y contra todo ello, en el caso de los jóvenes se ha propiciado una caricatura generalizada de que en realidad son derrochadores que no han mostrado capacidad de ahorro. Y si bien, como siempre podrá haberlos, los datos hasta ahora apuntados lo que indican que al menos no tienen fácil el ahorro. La realidad de las encuestas del INE señala que consumen hasta un 35% menos desde hace dos décadas, pero por incapacidad. Básicamente en gastos de consumo discrecional y del entorno del hogar y doméstico. Lo único que no han podido rebajar y en su caso no pueden evitar es en educación, y en vivienda, en muchos casos por alquileres crecientes, pero no por viviendas propias o hipotecas para comprarlas. La emancipación es una dificultad.

Resulta profundamente injusto insistir en caricaturas sobre el gasto de los jóvenes. El verdadero problema es estructural: un entorno de salarios estancados, vivienda inaccesible y políticas públicas que no priorizan a las nuevas generaciones. Responsabilizar a los jóvenes de una situación que responde a decisiones políticas, dinámicas macroeconómicas y desequilibrios intergeneracionales es, sencillamente, eludir el debate real.

La realidad es que contamos con un modelo insostenible de Seguridad Social. Esto se agrava con la realidad de los datos elaborados por por el Centro de Investigación del Instituto del Colegio de Actuarios de España, que indica que el sistema público de pensiones está soportando unos niveles de gasto insostenibles con su sostenibilidad a medio y largo plazo. El cálculo del Factor de Equidad Actuarial (FEA), que mide la relación entre lo cotizado a lo largo de la vida laboral y lo percibido en forma de pensión, ajustado por el crecimiento del PIB y el IPC, ha pasado de un valor medio ponderado de 1,51 en 2020 a 1,62 en 2025. Esto significa que, en promedio, un jubilado recibe un 62 por ciento más de lo que aportó al sistema a lo largo de su carrera laboral.

Estamos, pues, ante una retribución claramente desproporcionada desde el punto de vista financiero, quebrando por completo el equilibrio entre lo aportado y lo recibido, todo en detrimento de los trabajadores en activo, que pagan más impuestos para financiar dicho sistema. Y, si nos fijamos en la tasa de reemplazo, que relaciona la cuantía de la pensión percibida con el último salario laboral del nuevo pensionista, podemos ver que España tiene el segundo sistema de pensiones más generoso de Europa, solamente por detrás de Grecia, y todo a costa de que nuestro país imponga a sus trabajadores una de las mayores “cuñas fiscales” del mundo desarrollado. No en vano, mientras que la suma del IRPF y las cotizaciones sociales alcanza el 31,8 por ciento del coste laboral en los países de la OCDE, esta misma rúbrica llega al 39,5 por ciento en España.

Estamos pues ante un diseño estructuralmente injusto e insostenible trasladando el coste del sistema a los jóvenes y quiebra el equilibrio intergeneracional en torno al que gira la validez de un modelo de reparto como el que vertebra la Seguridad Social española.

 La otra opción de un sistema de capitalización sobre el ahorro generado a lo largo de la carrera laboral de cada trabajador retirado además de justo sería más rentable. Sin embargo, bajo el paradigma en vigor, las consecuencias son las que son. Por supuesto, el discurso oficial del Ejecutivo es de absoluto triunfalismo, hasta el punto de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sostiene que el sistema de pensiones “nunca ha estado más fuerte”. 

Los datos desmienten a los gobiernos. La “fortaleza” de las pensiones bebe directamente de la “debilidad” del trabajo y, por otro lado, el supuesto superávit del sistema de pensiones se basa en el maquillaje generado vía transferencias presupuestarias y gasto deficitario, no en su solvencia contributiva. Así, Aunque los datos de 2023 muestran un desequilibrio del 0,6 por ciento del PIB (unos 8.200 millones de euros), esta cifra está maquillada, puesto que recoge las transferencias y préstamos que el gobierno central facilita a la Seguridad Social. Si se eliminan estos artificios contables y se consideran solo los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales, el déficit contributivo del sistema asciende al 3,8 por ciento del PIB, es decir, cerca de 56.000 millones de euros. Solamente de enero a junio del presente curso 2025, la Seguridad Social consumió 32.315 millones de euros de impuestos para cubrir el déficit contributivo del sistema, un problema que España sigue arrastrando desde 2010 sin solución aparente.

Más allá del stock, es relevante la deuda implícita del sistema (es decir, las promesas futuras de pensiones sin respaldo financiero) equivale al 507  por ciento del PIB, el nivel más alto de la UE, según Eurostat.

Mientras entre 2010 y 2024, el gasto en pensiones sobre el PIB ha aumentado en 2,9 puntos porcentuales, pasando del 10 por ciento al 12,9 por ciento del PIB no solo consecuencia del envejecimiento poblacional, sino también y sobre todo el cúmulo de decisiones políticas que han blindado estas prestaciones sin realizar reformas estructurales que equilibren los ingresos y gastos del sistema.

 El 80 por ciento del incremento de la deuda pública emitida durante ese mismo periodo se explica por las transferencias extraordinarias del Estado al sistema de pensiones para cubrir su creciente déficit contributivo consecuencia de un sistema de pensiones financieramente desequilibrado, cuya cobertura exige un esfuerzo cada vez mayor por parte de los contribuyentes actuales y futuros.

En 2025 del Instituto Juan de Mariana, un salario medio en España paga ya más de 11.200 euros anuales en concepto de cotizaciones sociales. A esto hay que sumarle el resto de sus contribuciones fiscales que lleva el esfuerzo fiscal de un salario medio ronda los 21.600 euros que suponen en torno al 55 por ciento del coste laboral total (39.500 euros).

La pirámide demográfica y el actual modelo del sistema de pensiones no ayudarán a aliviar la carga fiscal derivada de la Seguridad Social, puesto que el grueso de la generación del baby boom todavía no ha alcanzado la edad de jubilación. Cuando lo haga, el gasto público en pensiones podría aumentar entre 3 y 4 puntos adicionales del PIB, lo que colocaría a España en una posición fiscal extremadamente vulnerable, si no se acometen reformas de calado que reviertan esta escalada del gasto. 

Y llegamos a una de las grandes justificaciones que se manejan sobre la permanencia o statu quo sobre este asunto. Es el uso electoralista de las pensiones que se junta con la universal holgazanería de las personas, que hace que se neutralicen a sí mismas aun cuando el sistema les perjudique.

Es obvio que los políticos solo tienen intereses cortoplacistas que se resumen en mantenerse en el poder. Y a su vez, estos poderosos incentivos para maximizar el apoyo de la mayor bolsa de los votantes a corto plazo se ven favorecida por el beneficio de esos votantes que no tienen interés en perjudicar esta situación favorable para ellos, aunque en muchos casos sean conscientes cuando tienen que ayudar a sus hijos o familiares más jóvenes. Toda esta situación de parálisis y de ignorancia convenida alejará de la opción de cultivar una visión estratégica del interés general y del equilibrio intergeneracional que tenga en cuenta las consecuencias futuras de sus actuales decisiones.

A pesar de que las encuestas reflejan que apenas uno de cada tres jóvenes cree que cobrará una pensión pública, un resultado que demuestra el pesimismo sobre el futuro y el rechazo al paradigma en vigor, tampoco se muestran aun movimientos relevantes de autodefensa en esos jóvenes. En algunos casos su venganza puede estar en decisiones personales como cuando a menudo vemos que deciden salir del país y buscar algún lugar donde puedan tener una oportunidad en el futuro. Medida denunciada por los políticos que les castigan porque, aunque no les afecte en su futuro, saben que estas medidas personales perjudican hoy y mucho más mañana a este sistema ya completamente perjudicado.

En el terreno político y mediático, este asunto se aborda de espaldas a los datos. Por ejemplo, se habla de mayores en “riesgo de pobreza” pero, si revisamos el cálculo de la llamada Tasa AROPE, que formula Eurostat, encontramos que el porcentaje de personas de entre 65 y 74 años que está en esta situación es un 28 por ciento inferior al de ciudadanos de entre 25 y 54 años que pasan por esta misma problemática. Entre los mayores de 75 años sucede algo similar: su riesgo de pobreza es alrededor de un 7 por ciento menor que el de la población que tiene entre 25 y 54 años. Las cifras muestran que la pobreza relativa es 17 por ciento entre la población de 18 a 64 años, frente al 10 por ciento de quienes tienen más de 65 años. Se da la circunstancia, además, de que España es el país líder de la UE en el indicador de pobreza infantil (29 por ciento). Pero el relato político debe ir encaminado a justificar su interesado apoyo por los mayores, bolsa de votantes relevantes para sus objetivos.

Así pues, el relato de la pobreza estructural en la vejez no se sostiene: la verdadera emergencia social está en otro lado, en las generaciones que lidian con una pesada carga fiscal para mantener un sistema que no les ofrece las oportunidades esperadas en términos de generación de renta, riqueza y patrimonio. De igual manera, tampoco parece sensato seguir cultivando el discurso según el cual el pago de las pensiones “ayuda a muchos jóvenes a llegar a fin de mes”, puesto que los abuelos ejercen un papel subsidiario que les brinda ayuda y soporte financiero. Asumir este marco mental es un profundo error. Si los jóvenes dependen del ingreso de sus mayores es porque el sistema actual les asfixia con impuestos elevados, sueldos bajos y una regulación que penaliza su contratación, sus perspectivas para emprender y su capacidad de ahorrar o comprar una vivienda. Convertir a los jubilados en un mecanismo informal de asistencia familiar no es un logro del Estado del Bienestar, sino la misma señal de su fracaso. En lugar de normalizar esta dinámica propia de un modelo de subdesarrollo económico, deberíamos preguntarnos por qué los jóvenes no pueden sostenerse por sí mismos en la cuarta mayor economía europea.

El resultado de los últimos años es el de una creciente diferencia entre los dos grupos que beneficia a los pensionistas que en los quince últimos años han conseguido que la pensión media haya aumentado un 35 por ciento en términos reales mientras el salario de los menores de 30 años viene de experimentar un retroceso del 2,3 por ciento desde el año 2008, una vez descontado el efecto de la inflación.

Todas las evidencias señalan una situación en la que se produce un proceso sistemático de redistribución intergeneracional de ingresos que favorece a los mayores y penaliza a la población en edad de trabajar. Las diferencias existentes sugieren que el sistema público de pensiones en España presenta no solo graves desafíos de sostenibilidad fiscal, sino también un profundo elemento de injusticia intergeneracional. Los mayores de 65 años disfrutan de la mayor renta disponible, superando incluso a los trabajadores en activo. Este fenómeno subvierte la lógica económica del ciclo vital, que sugiere que los ingresos aumenten con la experiencia laboral y se reducen tras la jubilación.

La viabilidad política de las reformas del sistema de pensiones no es posible. Tanto el peso demográfico como electoral del colectivo de mayores, un grupo que vota en masa y de forma estable, convierte a dicho segmento en intocable para los grandes partidos. El problema de las pensiones y el de la distribución justa es un riesgo político que ningún partido quiere afrontar. En esta dinámica el ajuste será tarde, traumático e impredecible.

La comparativa con Europa resulta pertinente, porque revela con mayor claridad si cabe lo anómalo del caso español. Desde el bajo desempeño del crecimiento de los salarios donde ocupamos el cuarto lugar por la cola entre 38 países de la OCDE, llegamos a la mala comparación también en el asunto que nos ocupa de la brecha generacional en el que mientras los mayores de 65 años nacionales están por encima de la media, los jóvenes están por debajo, en ambos casos en posiciones destacadas del ranking.

En España ocurre justo al revés que en Europa y, en todos los niveles educativos, los mayores de 65 años tienen una renta media más alta que los trabajadores activos. La tasa de reposición del sistema de pensiones español ha alcanzado el 77 por ciento, frente al promedio europeo del 45 por ciento. Mientras, la caja de nuestra Seguridad Social presenta, con diferencia, el mayor déficit contributivo de toda la Unión Europea. De hecho, la gran mayoría de nuestros socios tienen su sistema de pensiones en situación de equilibrio, mientras que, en el caso de España, si descontamos el maquillaje contable y estadístico, la Seguridad Social tiene un déficit equivalente a casi tres de los doce meses del año de gasto en pensiones.

Y en toda esta argumentación encontramos con paradojas que refuerzan la disfuncionalidad de esta situación. Los últimos datos del INE sobre PIB per cápita revelan el caso de Comunidades como Asturias que han registrado aumentos del PIB per cápita superiores al 60 por ciento en las dos últimas décadas, lo que a priori sugeriría un mayor dinamismo. Sin embargo, esta evolución se debe en gran medida a la drástica pérdida de población, especialmente menores de 35 años. Su salida ha hecho que se reduzca el denominador de la fórmula sin que se produzca un aumento paralelo del valor añadido real. Lo que es un verdadero colapso poblacional aparenta distinto por el dato sin analizar.

El resultado es un crecimiento del PIB per cápita engañoso, sustentado por prestaciones y dinero público, no por actividad económica de origen privado. En estos territorios, la base impositiva se debilita, la capacidad de innovación se erosiona y el tejido laboral se contrae, dejando comunidades atrapadas en un modelo pasivo de supervivencia asistida.

El problema queda de manifiesto si comparamos el número de pensionistas por cotizante. Asturias, de nuevo, sirve como caso ilustrativo, puesto que en dicho territorio hay apenas 1,4 trabajadores pagando cotizaciones por cada 1 jubilado cobrando la pensión. No olvidemos, además, que alrededor del 16 por ciento de la población ocupada del Principado trabaja en el sector público y que el volumen total de empleados por el gobierno central, autonómico y local ha subido alrededor de un 15 por ciento en los veinte últimos años (de 75.000 en 2005 a 85.000 en 2025), a pesar de que el empleo privado no solamente no ha avanzado, sino que ha caído ligeramente durante las dos últimas décadas (de 343.000 a 342.000). Estas cifras apuntan a un modelo agotado, donde cada vez hay menos trabajadores financiando las pensiones de más jubilados. Aunque el PIB per cápita parezca mejorar, se trata de una mejora ilusoria que esconde una doble amenaza: la pérdida de dinamismo económico y el consecuente declive del país, especialmente en sus áreas de menor crecimiento.

Y todo esto se produce en una situación de ocultación política, cuando no engaño, y de complacencia social llevando a un empobrecimiento del debate público. El pensamiento de suma cero: la idea de que la economía es una tarta fija, y que lo que gana uno necesariamente lo pierde otro. Esta visión estática socava el incentivo para crecer, emprender y progresar, sustituyendo la lógica del esfuerzo por la lógica del reparto.

En lugar de incentivar la creación de riqueza y premiar el esfuerzo productivo, esta arquitectura empuja a ver la economía como una “tarta fija”. Entonces, la conversación ya no gira en torno al reto de “hacer la tarta más grande”, sino que pasa a centrarse en el reparto de sus porciones. Si además se conoce el dato que la mayoría de los jubilados cobra de media un 60% más de lo que aportó, no sorprende que aumente el malestar entre generaciones y que la percepción de injusticia se traduzca en desafección hacia las instituciones y el sistema económico. Si queremos evitar una deriva de confrontación entre jóvenes y mayores evitando una “guerra fría” sociopolítica y económico-cultural entre boomers y zoomers, debemos abordar con honestidad estas asimetrías, reformar el sistema con criterios de equidad y apostar por un modelo que premie la creación de valor, el mérito y la responsabilidad, en vez de perpetuar un paradigma que castiga al trabajador en activo sobre el cual se sustenta el aparato productivo que hace posible nuestro bienestar.

Dato resumen ejecutivo:

� � Desigualdad de riqueza: En 2002, los menores de 35 años poseían el 7,5 % de la riqueza nacional; en 2022, solo el 2 %. En contraste, los mayores de 75 años han aumentado su cuota del 8 % al 20 %. La riqueza mediana de los nacidos en los años 80 es casi un 50 % inferior a la de los nacidos en los años 60.

� � Renta: Entre 2008 y 2024, el ingreso real de los trabajadores de 18 a 29 años ha caído un 3 por ciento, frente al incremento del 18 por ciento que han obtenido los mayores de 65 años en esta misma rúbrica. Las nuevas pensiones de jubilación ya superan el sueldo medio de los menores de 35 años (1.760 € vs 1.670 €).

� � Consumo y gasto: Desde 2006, solamente los mayores de 65 han aumentado su consumo real (+5 %). Los menores de 30 lo han reducido con fuerza, aminorando su consumo en un 36 %.

❌ Desempleo juvenil: La juventud española soporta la mayor tasa de paro de toda Europa, cuadruplicando los niveles de desocupación que se dan en Alemania y superando la media comunitaria en más de diez puntos (26,5 % vs 15,1 %).

� � Acceso a la vivienda: El 81 % de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años. Hoy, menos del 50 % de los nacidos después de 1985 lo son. Solo un 20 % de los menores de 35 años tiene hipoteca.

� � Sistema de pensiones insostenible: En promedio, un jubilado recibe un 62 por ciento más de lo que aportó al sistema a lo largo de su carrera laboral, según ha confirmado el Colegio de Actuarios de España. La generosidad del sistema hace que el déficit real de la Seguridad Social se haya disparado (ronda el 3,8 % del PIB, ≈56.000 M€) y que la deuda implícita derivada de sus promesas no financiadas ascienda ya al 507 % del PIB.

� � Una creciente factura fiscal: Desde el año 2010, las cotizaciones son insuficientes para financiar las pensiones y el agujero se cubre con una carga fiscal cada vez más abultada que recae sobre los trabajadores. La renta dedicada a pagar IRPF y cotizaciones sociales supone ya el 39,5 por ciento del coste laboral, frente al 31,8 por ciento observado en la OCDE. Si añadimos el IVA, el IBI y otros gravámenes de referencia, el Impuestómetro del IJM revela una carga fiscal equivalente al 55 por ciento del coste laboral de un salario medio.

� � Paradoja territorial: Regiones como Asturias han visto crecer su PIB per cápita por el colapso demográfico juvenil, no por dinamismo económico. En el Principado hay apenas 1,4 cotizantes por cada 1 pensionista y el empleo público crece mientras el privado cae.

 � �🇺 Comparativa europea: Los mayores de 65 años en España tienen una renta un 6,4 % superior a la media europea, mientras que los trabajadores españoles perciben un 7,3 % menos que sus pares de la UE.